COMUNICADO

La Asociación de familiares de los fallecidos en el incendio de la Riba de Saelices, el día 17 de Julio de 2005, queremos dirigirnos a la opinión pública y ante el final del procedimiento penal respecto de los técnicos y políticos procesados, tramitado durante estos cinco años ante el Juzgado de Instrucción de Sigüenza, manifestar lo siguiente:

En primer lugar, queremos señalar, que siempre tuvimos absoluta conciencia de las dificultades del asunto, y así se nos indicó por nuestros Letrados desde el inicio de la instrucción judicial, y mucho mas teniendo en cuenta contra quien nos enfrentábamos, razón por la que hemos decidido no interponer Recurso de Casación.

A pesar de ello, y porque entendíamos que se lo debíamos a nuestros familiares, hemos luchado hasta el final para intentar saber la verdad, y vaya si la sabemos.

Nuestras pretensiones relativas a conocer lo ocurrido, se han visto satisfechas en gran medida, y en consecuencia nos queda la tranquilidad de conciencia de haber luchado por la memoria de nuestros muertos; nadie nos podrá achacar nunca pasividad, conformidad o, lo que es peor, connivencia con quienes estuvieron al frente de la “gestión del incendio”.

Hemos tenido enfrente al Gobierno Central, Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Fiscalía, Inspección de Trabajo, grandes empresas, asociaciones “sin ánimo de lucro”, Corporaciones Locales, partidos políticos, sindicatos, y muchos medios de comunicación, y en todo momento fuimos conscientes de ello.

La desigualdad de armas ha sido absoluta, pero a pesar de ello hemos mantenido nuestra dignidad.

Durante estos cinco años hemos conseguido que se imputara y procesara a múltiples personas, que se han visto obligadas a comparecer en varias ocasiones ante el Juzgado, a contestar a múltiples preguntas, evidenciándose como consecuencia de ello e innumerables pruebas practicadas, cuestiones absolutamente escandalosas; en definitiva hemos tenido acceso a múltiple información que en otro caso nos hubiera estado vedada.

Un lustro ha costado llegar al momento actual, periodo de tiempo en el que hemos ganado múltiples incidentes procesales, con costas incluidas, y que en algún caso han llevado aparejado incluso el embargo de sueldos de tan “excelsos” técnicos.

Presumimos que, nunca dada la actitud de displicencia e insolencia con que algunos de los que fueron procesados acudían al Juzgado, pudieron imaginar que les habría tocado estar ocho horas declarando, y todo ello ha sido consecuencia del denodado esfuerzo de quien nos ha representado, reconociendo y agradeciendo en este comunicado su difícil y dilatado trabajo.

Es evidente que jamás pensaron que sus nombres saldrían impresos en negrita en la prensa, pero ello ocurrió y a nosotros nos queda esa satisfacción. Se ha sabido quienes son estos personajes.

Asimismo queremos recordar que la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, estuvo dispuesta a pedir perdón, reconocer errores e indemnizar a las familias, lo que significa que siempre fueron conscientes de lo ocurrido en el incendio; y en consecuencia se consideraron responsables de lo acaecido. Esto es incontrovertible, sucedió y es público y notorio.

A pesar de lo anterior, la Administración Regional en un ejercicio de incoherencia sin precedentes, al mismo tiempo que negociaba el perdón, mantenía o ascendía a los técnicos procesados, imaginamos que con el único objeto de intentar tener todas las vías abiertas. Al final todo se ha sabido. Como se ha dicho y, evidentemente compartimos, los Ingenieros y Políticos que fueron procesados siempre llevaran el estigma y el baldón de su actuación profesional, la sociedad en general y el mundo forestal en particular (muchos de cuyos miembros desde la discreción y en la sombra, por razones evidentes, nos han ayudado y apoyado), ha tenido oportunidad de conocer como se “trabajó”.

Nuestro desprecio es compartido por un gran número de profesionales de distintas categorías y no podemos olvidar que el Letrado de los Ingenieros según se publicó en Nueva Alcarria el 23 de Julio de 2010 manifestó lo siguiente: “mis defendidos podrán ser objeto de criticas políticas o a su gestión….” Si su propio Letrado reconoce esto ¿que podemos decir nosotros? ¿No supone ello un reconocimiento de que no todo se hizo bien?

Que la Audiencia, con una diligencia encomiable, en una resolución dictada una semana después de las vistas, fin de semana por medio incluido, haya decidido que los hechos no tienen relevancia penal, no quiere decir, ni de lejos, que las cosas se hicieran adecuadamente.

La Sala no ha abordado, ni contemplado, ni analizado ninguno de los múltiples testimonios obrantes en los autos, ni otros informes periciales; no se hace un mínimo análisis del contenido de las normas incumplidas a pesar de los argumentos expuestos, ni tampoco de las evidentes contradicciones de las distintas declaraciones del superviviente en las que tanto se apoyan las resoluciones, que por cierto llegaron a determinada prensa antes que a las partes personadas.

Evidentemente, hemos de acatar lo dictado, – que remedio -, pero el respeto es un sentimiento íntimo y personal y el que sentimos por las resoluciones quedan en nuestro fuero interno.

Los Autos dictados por la Audiencia no niegan ninguno de los hechos contenidos en el Auto de procesamiento – el tan conocido abandono del COP por Solís y Aguilar en la madrugada del 17 de Julio; la búsqueda del Plan de Emergencias a las 21,30 h. del 16 de Julio por Aguilar; la tardanza en llegar al 112 por parte del técnico Carlos Damián Muñoz; la no constitución del Puesto de Mando Avanzado; la no elevación del nivel 2 con lo que ello hubiera supuesto; la nula política de relevos que permitió que los trabajadores estuvieran mas de 24 horas en el frente; la no prohibición del fuego etc. – simplemente no se contemplan y por eso podemos afirmar que la gestión del incendio de la Riba, aunque se haya considerado que las conductas no tienen relevancia penal, fue anormal y caótica, anunciando ya desde ahora que no descartamos la publicación de un texto con el contenido de lo actuado y que supondría que la sociedad en general conociera en mayor profundidad lo ocurrido, sin perjuicio de otras posibles actuaciones jurisdiccionales.

En el fondo, la resolución judicial es un incidente menor en nuestras vidas, lo grave e irremediable nos ocurrió hace cinco años, y por desgracia es irreversible.

Se nos ha preguntado en múltiples ocasiones que ganábamos con tanta lucha; pues bien, la respuesta es clara: entre otras cosas, conocer gran parte de la verdad, el respeto de la sociedad decente y que todo el mundo haya sabido quienes son los que fueron procesados, también, y eso se nos manifiesta repetidamente, que como consecuencia de nuestra actuación, se haya producido un vuelco en nuestro país en el abordaje de la extinción de incendios con una ampliación de medios francamente importante, y un cumplimiento de los protocolos con mucha mayor profesionalidad que hace cinco años. Algún Ingeniero nos ha llegado a hablar de revolución en el mundo forestal; sólo por eso nuestra lucha estaría justificada. Sobre la conciencia de quienes intervinieron, apoyaron, taparon, o miraron para otro lado, pesara siempre lo ocurrido. Esperemos que no vuelva a repetirse. Por último, exigimos a Barreda y a todos sus acólitos se abstengan de hacer mención alguna a nuestras victimas a las que siempre despreciaron y ningunearon; ni queremos su falso apoyo ni su recuerdo; para nosotros este personaje y su entorno no existen. A partir de ahora rogamos respeto, y así mismo queremos manifestar nuestro agradecimiento a la infinidad de personas que nos han ayudado y apoyado durante este largo y duro periodo de tiempo.